COMITE PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 PATRI0TAS
CUBANOS PRISIONEROS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS

DECLARACION DE SAN MARCOS

Reunidos en Lima para analizar, a la luz del Derecho, la Justicia y la Verdad el caso de los 5 Patriotas Cubanos Prisioneros del Gobierno de los Estados Unidos con la destacada presencia de la doctora Niuris Pineiro, abogada de la Defensa y de reconocidos juristas peruanos, y luego de revisar lo actuado en la Corte Federal del Estado de La Florida y como consecuencia de lo cual fueron condenados a diversas penas los ciudadanos Ramón Labañino, René González, Gerardo Hernández, Fernando González y Antonio Guerrero; juzgamos un deber de conciencia decir lo siguiente:

1.- El Proceso Judicial seguido en el caso por los Tribunales de los Estados Unidos contra los 5 ciudadanos en referencia ha estado plagado de irregularidades y abusos judiciales que lo tornan viciado en su origen y esencia por cuanto le atribuyen a los acusados delitos que
no han cometido, usando en su perjuicio elementos insustanciales y procedimientos vedados.

2.- El documento presentado a nuestra consideración por el Comité Peruano de Solidaridad con los 5 Patriotas Cubanos recoge en lo fundamental elementos dignos de ser observados y mantiene una lógica jurídica encomiable, razón por la cual lo hacemos nuestro, alentamos su difusión y lo juzgamos indispensable para el conocimiento de los hechos y la apreciación certera de lo ocurrido.

3.- La acusación de "conspiración para cometer espionaje" planteada originalmente por la Fiscalía no solamente no se confirmó en el proceso sino que, por el contrario, quedó desestimada por las evidencias presentadas en el juicio. Los acusados no se infiltraron
nunca en organismos del Estado de los Estados Unidos de América, ni inquirieron secretos que pusieran en riesgo la seguridad de ese país, ni trasmitieron a su gobierno informaciones que afectaran la gestión de las autoridades norteamericanas. Tampoco ellos fueron autores
materiales ni intelectuales de acto terrorista alguno. Se limitaron a estudiar y analizar por medios públicos y lícitos las actividades de los grupos contrarevolucionarios que operan en Miami en contra del gobierno de Cuba, detectar sus planes ilegales y ponerlos en conocimiento de las autoridades de su país para salvaguardar los intereses de Cuba y de su pueblo.

4.- Las condenas dictadas contra estos ciudadanos se explican por factores ajenos a la acción judicial observada y se basan en consideraciones de orden típicamente político. Se puede objetar en ellas, entre otros puntos, los siguientes:

a.- La elección de una sede judicial impropia para la celebración del juicio. La ciudad de Miami, en efecto, alberga una población polarizada y fuertemente influida por elementos desafectos a Cuba que anidan ideas revanchistas y odios irracionales, lo que permitió que se
configurara desde un inicio el carácter eminentemente político, y no jurídico, del caso.

b. La composición de un Jurado abiertamente inducido y orientado a condenar a los acusados a partir de prejuicios y rencillas derivadas de la situación que vive Cuba desde enero de 1959, cuando la Revolución surgida en ese país se vio afectada por un sistemático acoso y una agresión constante por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

c.- El uso de procedimientos ilegales como fabricación de pruebas, uso de testimonios falsos, ocultamiento de evidencias, distorsión del sentido del proceso, tergiversación de la esencia de la ley y otros manejos cínicos que nada tienen en común con la Justicia y el
Derecho. Prueba de ello es el que se haya pretendido introducir en el proceso una nueva acusación -asociación para cometer asesinato-incoada abruptamente contra Gerardo Hernández.

d.- La permisibilidad ante una intensa campaña mediática desarrollada por los grupos anticubanos que operan en el Estado de La Florida y en particular en la ciudad de Miami y que se consideran adversarios del gobierno de Cuba por haber visto sus intereses afectados por las medidas impulsadas por las autoridades de ese país. Estos grupos, ellos sí responsables de la comisión de numerosos actos de agresión contra Cuba, han segado la vida de personas e inferido considerables daños materiales a la infraestructura del Estado Cubano.

5.- Independientemente del hecho que los acusados son inocentes de los cargos que se les imputan, está claro que ellos no buscan eludir el accionar de la justicia de los Estados Unidos, país del que son ciudadanos unos y han vivido todos en los últimos años realizando
actividades de orden político que pueden juzgarse a la luz de la legislación vigente allí. La Defensa demanda, y nosotros hacemos nuestro ese pedido, un JUICIO JUSTO en una sede judicial que ofrezca elementales garantías a los acusados y que cumpla con las disposiciones vigentes así como con los Convenios Internacionales referidos al Debido Proceso y al respeto de los Derechos Humanos.

6.- El evento que hemos desarrollado nos ha permitido conocer adicionalmente el cúmulo de atropellos que las autoridades de los Estados Unidos han cometido contra los acusados y sus familiares directos -esposas, hijos, padres y otros- a los que sistemáticamente se
les ha negado la posibilidad de visitar a sus seres queridos y asistirlos en todos los planos que amerita la situación creada.

7.- En cumplimiento de nuestro deber y por imperativo de nuestra conciencia, nos dirigimos a las autoridades judiciales y políticas de los Estados Unidos, a los organismos especializados de Naciones unidas, a Amnisty Internacional y a otras entidades similares, para demandar que sean subsanados los procedimientos registrados en el caso y que
se revise el tema asegurando un nuevo Proceso en una sede judicial apropiada y con las elementales garantías de ley.

8.- Los participantes agradecemos a la doctora Niuris Pineiro, abogada de la Defensa, por su calificada contribución al evento; valoramos el esfuerzo desplegado por el Comité Peruano de Solidaridad presidido por el profesor Gustavo Espinoza; saludamos la presencia del embajador de Cuba en el Perú, compañero Rogelio Sierra Diaz y reconocemos el apoyo que proporcionara para la realización del evento el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. José Antonio Ñique de la Puente. Al mismo tiempo, exhortamos a los estudiantes y docentes de la Universidad de San Marcos y a todas las instituciones de nuestro país a mantener muy en alto esta bandera de Ley y de Justicia.

9.- En este espíritu hacemos nuestra esta causa y nos comprometemos a luchar por ella en todos los niveles de nuestro accionar profesional y ciudadano.

Lima, 25 de junio del 2004.

(Declaración aprobada por aclamación en el Plenario final del
Conversatorio Jurídico celebrado el viernes 25 de junio del 2004 en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima).

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